Por una Ley de Amnistía ¡Libertad Presos Políticos!

Comité Cerezo México

Diario de Ecatepec, Méx (Aministía) Marzo 8 (APIA) .- La promulgación de una ley de amnistía es una salida jurídico-política que mostraría la voluntad política del Estado mexicano de resolver parcialmente el descontento social producto de anteriores políticas represivas; sin embargo, la percepción de parte de las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos que han impulsado dicha ley ha virado al desencanto debido al mensaje enviado por una reforma judicial que elimina de raíz la participación de los defensores de los derechos humanos en el apoyo a futuros detenidos por motivos sociales y políticos.

Si bien este mecanismo político-jurídico es bondadoso en resolver problemáticas derivadas de políticas represivas, también ha generado polémica no sólo su impulso, sino su simple mención al seno del movimiento social y de derechos humanos.

Las diferencias se deben a varios factores; el principal, la confusión entre indulto y amnistía, entre perdón y olvido; y después, el desconocimiento jurídico sobre los beneficios de la promulgación de dicha ley, la creencia infundada de que es una autoamnistía del Estado para sus violadores de los derechos humanos, la supuesta imposibilidad de reparar el daño por parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y/o la renuncia a los principios políticos para acceder a los beneficios de dicha ley.

Ante ello también, quienes impulsamos la ley ponderamos los beneficios: permite la salida de los presos políticos, la reintegración a sus comunidades, familias y luchas de los luchadores sociales perseguidos, como aquellos que han perdido amparos contra autos de formal prisión; o evita estar al margen de la actividad política debido a los largos procesos judiciales que, como estrategia para inmovilizar, utiliza el Estado y que alcanza a casi 100 personas libres pero atadas jurídicamente.

Como ejemplo están las sentencias judiciales que apenas se están resolviendo en el caso de algunos de los detenidos en Guadalajara, durante la represión ocurrida hace casi cuatro años.

No podemos soslayar otra traba para esta ley: las posiciones que niegan la posibilidad de utilizar los canales del Estado al rechazar cualquier contacto con personajes provenientes de los partidos, so pretexto de “contaminarse” de oportunismo, no porque neguemos que dentro de los partidos pululan dichas personas, sino por el miedo a ser utilizados como botín político como muchas veces —o en casi todas— sucede.

Por parte del Estado están las posiciones que van desde la ultraderecha —”todos los que están presos son delincuentes”; por tanto, no hay razón para otorgar una amnistía— hasta los que sólo ven oportunidades de ganancia político-electoral al impulsar, por un lado, la reforma judicial que viola los derechos humanos y, de manera contradictoria, por el otro, al evaluar las ganancias de impulsar una ley de amnistía sin importarles el dolor que causa la prisión por motivos políticos a prisioneros, familiares y sociedad, y que denota la falta de democracia en nuestro país. Sólo algunos legisladores apoyan la ley aun en contra de la dirección de sus bancadas, pero son por el momento una minoría incapaz de impulsar su aprobación.

La amnistía es, pues, una salida político-jurídica al descontento social agudizado por las políticas económicas neoliberales que el Estado ha implementado desde hace años —que han crecido—, y porque no se han evaluado los beneficios o válvula de escape de dicho proceso de enojo social.

Y por si no fuera poco preocuparse por el descontento generalizado, existe un componente explosivo, literalmente, si tomamos en cuenta el caso de los detenidos-desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007, militantes del EPR, por cuya aparición con vida y para evitar el regreso de la represión el grupo insurgente ha realizado los dos atentados más grandes y costosos en la historia de México, acciones que según los comunicados del grupo continuarán hasta que se resuelvan sus demandas, como la aprobación de una ley de amnistía para los presos políticos y de conciencia del país, que no es un punto que los beneficie mucho ya que sólo se tiene conocimiento de cuatro presos políticos de este grupo sentenciados a 25 y 30 años de prisión, y capturados desde 2006; pero evidentemente el EPR es una fuerza política que debe pesar en las decisiones del Estado para evitar seguir generando una espiral de violencia que no conviene a la sociedad.

Si el Estado no logra comprender el gran significado político de la promulgación de una ley de amnistía federal y varias estatales, seguiremos exigiendo como parte del movimiento social y de derechos humanos la libertad de todos los presos políticos y de conciencia de México, la derogación de las reformas constitucionales violatorias de los derechos humanos, la aparición con vida de los desaparecidos por motivos políticos, el alto a la militarización del país y el cese a la impunidad y el castigo a los responsables de las violaciones actuales y del pasado de los derechos humanos.