AL PUEBLO DE MÉXICO
1. Desde que nuestra Asamblea Nacional tomó el acuerdo de luchar contra la aprobación de las Reformas a la Constitución en materia de Justicia Penal, en el mes de diciembre, el FNCR hizo público un pronunciamiento en el que rechaza de manera integral la iniciativa de reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 por que significa elevar a rango constitucional la violación a garantías ya establecidas en nuestra Carta Magna.
2. Desde entonces hemos venido denunciando que con el argumento de hacer más eficaz el combate a la delincuencia, la llamada Reforma Judicial está dirigida a consolidar los cambios al marco jurídico destinados a legalizar la criminalización de las luchas y los movimientos sociales. La tendencia en estos últimos años así lo demuestra, cientos de luchadores sociales se encuentran encarcelados, procesados y perseguidos por su participación en las luchas sociales pero acusados injustamente de cargos y delitos del fuero común. En este sentido, las modificaciones a la Constitución, se constituyen en un verdadero retroceso en materia de derechos humanos y acentúan el carácter autoritario y policiaco del Estado mexicano.
3. Ciertamente nos oponemos al allanamiento, al cateo y el ingreso a un domicilio sin orden judicial, por la gravedad y el carácter fascista de esta medida. La eliminación de la figura del allanamiento, en todo caso, la percibimos como el resultado de la movilización de un amplio sector de la sociedad que se pronunció en contra y de manera particular de la movilización de los ciudadanos y las organizaciones agrupadas en el FNCR.
4. Pero esto último también es la demostración de que no todo se define al interior del Congreso y de acuerdo a los cálculos políticos de los partidos. La lucha por la defensa de los derechos humanos y de las garantías consagradas en nuestra Carta Magna, es una lucha de toda la sociedad y también se da en la calle y desde todas las tribunas a nuestro alcance. Por ello ante el anuncio de que en los próximos días la llamada Reforma Judicial será nuevamente sometida a la consideración del Senado, exigimos nuevamente que sea desechada en su totalidad.
5. La reforma debe ser desechada por que eleva a rango constitucional la figura del arraigo, y como lo señala: “El artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político y el artículo 7° de la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personales. Ambos instrumentos señalan, además que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”.
6. La reforma debe ser desechada porque contempla la prisión preventiva, y de acuerdo al señalamiento en: “El párrafo tercero del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece expresamente que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Esa disposición determina que la prisión preventiva debe ser excepcional y breve.” También señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “la prisión preventiva como regla de aplicación general en los procesos penales, es contraria a las normas de la Convención Americana, pues viola el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia”.
7. La reforma debe ser desechada por que intencionalmente y no por descuido define con ambigüedad a la delincuencia organizada. En este sentido, el mismo representante de la ONU señala que “El proyecto al no especificar todos los elemento contenidos en la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional introduce una definición abierta mediante la cual se podría extender a otras situaciones u otras personas ajenas a la delincuencia organizada”. Consideramos que en ese sentido basta con una reunión de tres o más personas para ser catalogados por el estado como delincuencia organizada.
8. La reforma debe ser desechada, por que de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 27 establece que “Una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Ello supone que los Estados deben adecuar su normatividad interna con el derecho internacional y no realizar reformas que puedan contravenir y comprometer la responsabilidad del Estado mexicano en el ámbito internacional.
9. Anunciamos desde ahora, que en caso de consumarse la aprobación en el Senado, mantendremos nuestra lucha, ahora en todos los Estados de la República para exigir a los Congresos locales el rechazo a la Reforma. Pero si fuese necesario acudiremos a todas los recursos jurídicos, como son la controversia o la acción de inconstitucionalidad, los amparos, y finalmente llevaremos el caso a las instancias internacionales que correspondan.
En síntesis el triunfo fue para Calderón, que junto con su partido, y los que votaron a favor de esta ley, transformaron la constitución muy a su modo para ya no tener que ser juzgados, por llevar a cabo genocidios y crímenes de lesa humanidad, sino hacerlos con la ley en la mano: “Reforma Judicial”, “Ley contra el Terrorismo”.
Y dentro de esta lógica introducen términos y conceptos como narcotráfico, que son los instrumentos para justificar una guerra, de esta manera los militares entran en funciones de seguridad y vigilancia interna, que correspondían constitucionalmente a las policías, al darles a estas capacidad y autoridad ilimitadas, sin especificar nunca a cuales, en consecuencia se generalizarían las detenciones arbitrarias y violentas.
Por otra parte también estas funciones podrán recaer en “civiles” con el poder de utilizar armas y en consecuencia se legalizan los paramilitares, los escuadrones de la muerte, las brigadas blancas, se permite el camuflaje de los unos en otros sin la responsabilidad de ninguno, y su denominador común de todos ellos es como bien sabemos acabar con la disidencia organizada, con los movimientos sociales y con la misma sociedad civil si toma partido, como son los casos de Chiapas, Atenco y Oaxaca etcétera.
Esta ley aprobada por mayoría, al igual que la ley contra el terrorismo y la perversa y oscura Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte así como los sombríos planes del gobierno de Calderón llevados a cabo en la Cámara de Diputados cierran el circulo de un Estado de Terror, para establecer constitucionalmente un Estado Policiaco, con el cual los grupos en el poder podrán en consecuencia: justificar desapariciones, limitar y socavar la libertad de expresión, de reunión y de movilización de la sociedad en torno a sus intereses.
Para diseñar un Plan articulado de movilizaciones en todo el país, el FNCR celebrará su Cuarta Asamblea Nacional el próximo 9 de marzo, en la comunidad de Aguascalientes, del municipio de Acapulco, Guerrero, donde los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) alojarán este encuentro nacional.
FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN
fncr07@gmail.com
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